Continuación...

7.- VALORACIÓN Y GOBERNANZA

En torno a la Valoración es donde vuelven a entroncarse Catastro y Gobernanza de la Tenencia. Reconocida la necesidad de contar con un inventario de titulares de derechos (DDL), asociados a una representación gráfica del territorio, se demanda la cuantificación económica de los mismos. Así lo recogió, en 1993, la Comisión Económica de Nacionales Unidas para Europa (UN/ECE), en relación con los lineamientos de administración de tierras, cuando declaró: “...los procesos de registro y diseminación de información sobre propiedad, valor y uso de la tierra y sus recursos asociados. Estos procesos incluyen la determinación (en algunas ocasiones conocida como ´adjudicación´) de los derechos y otros atributos de la tierra, la agrimensura y descripción de los mismos, su documentación detallada, y la provisión de información relevante para el apoyo de los mercados de tierras”¹.

Sobre la base de este planteamiento de UN, que no deja de ser una traslación de lo que se venía realizando desde hace milenios, es sorprendente la escasa atención que algunos de los programas de administración de tierras (PAT, en una traducción no del todo precisa con el idioma español), muestran por la estimación correcta del valor de los bienes que son objeto de actuación. El desconocimiento de esta disciplina, la complejidad en su correcta aplicación y la evolución permanente de los valores, no justifica la inopia -voluntaria o no- de su enorme potencial en materia económica y social.

En materia de Gobernanza de la tenencia, concebida como una misión de Estado, ha de plantearse la búsqueda de la eficiencia, maximizando la rentabilidad de las inversiones, puntuales o periódicas, que se acometen, fortaleciendo los productos obtenidos y buscando su sostenibilidad. De esta forma, el esfuerzo realizado por la sociedad consolidará los resultados y multiplicará los impactos directos e indirectos: “La única manera de alcanzar hambre cero en América Latina y el Caribe es a través de una transformación real. Esto no se logra mediante proyectos e intervenciones puntuales, sino que requiere un cambio a gran escala. Esa es la misión de la FAO en la región” (Berdegué, 2017).

El reparto de lotes de tierras, cuantificados solo en superficie, sin capacitación a los nuevos titulares, sin la creación de infraestructuras, y sin el sustento de una gestión y comercialización eficiente, no aportará los beneficios que en este proceso generoso (e interesado) se publicitan. Hay que favorecer la competitividad económica, dentro de una visión integradora, a través del desarrollo de sectores económicos locales, regionales y nacionales, que fortalezcan la solidez de las economías familiares. Sobre esta base, el territorio es un elemento de sostén, atractivo y de anclaje, que combinado con la seguridad en la tenencia y el desarrollo de estrategias adecuadas al entorno, permitirán el reforzamiento de las actuaciones y la consolidación del proyecto en su conjunto.

No se trata de entregar una limosna en forma de tierra, casa, negocio o estructura mixta; se trata de entregar, reconocer, defender o hacer accesible una herramienta que dignifique la vida de la población. Por eso hay que esforzarse en los procesos sobre gobernanza de la tenencia para que los resultados sean efectivos a corto, medio y largo plazo. La nueva situación socioeconómica que se configure ha de ser consistente, en continua evolución, con el máximo grado de autonomía posible, asesorada en los supuestos que se consideren, y siempre atendiendo a las responsabilidades que se concretasen en su origen. Para lograr esto hay que conocer y cuantificar (valorar):

• De forma previa, para seleccionar el ámbito de actuación, perfilar el proyecto, iniciar su postulación, identificar posibles aliados y buscar financiación.
• En la concreción, para conocer la realidad local con precisión, disponer de insumos que permitan argumentar la iniciativa y conformar un proyecto viable que maximice la rentabilidad (social y económica) de la inversión.
• En el diseño, para proyectar una situación deseable (técnica, jurídica y económicamente posible), a corto y medio plazo, apoyada en datos normalizados que faciliten su explotación multiprovechosa.
• En la ejecución, a través de monitoreos y evaluaciones sucesivas, para conocer la rentabilidad global: económica, social y jurídica.
• En nuevas iniciativas, solicitadas o propuestas, para incluir procesos y equipamientos que mejoren los resultados, aprovechándose del conocimiento y las experiencias generadas en el proyecto ejecutado.

Cuando la actuación se realiza sobre viviendas, negocios o actividades mixtas (generalmente en las proximidades de los núcleos urbanos), el monitoreo y evaluación también ha de ser una constante. Hay que mitigar la especulación, hacer cumplir la disciplina urbanística establecida, y evitar la segregación en lotes que reviertan la realidad (vivienda y/o negocio) a la situación que motivó la actuación de las AA.PP.

En consecuencia, el valor que debe buscarse a los efectos de una correcta gobernanza se establece con ayuda de los parámetros que planifique inicialmente la institución catastral; aunque posteriormente se vaya perfeccionando con la recepción de otras variables explicativas. Este valor será el denominado valor de uso-explotación, con las correspondientes afecciones derivadas de la localización del bien. Independientemente del enfoque valuatorio que se considere oportuno utilizar, apoyar el valor del objeto territorial sobre el que se ha identificado un derecho (DDL), en base a su capacidad real o potencial de generar rentas, presentes y futuras, tangibles e intangibles, permitirá la cuantificación de los resultados y su transformación en valor monetario. Este planeamiento favorece las comparaciones con la situación anterior a la ejecución del proyecto, la evolución del mismo y su proyección futura; con o sin el aporte de actividades complementarias (comercialización, infraestructuras, capacitación, etc.). Así, por ejemplo, será posible valorar la explotación (rural, urbana o mixta) en su conjunto y cuantificar el incremento de valor derivado de la intervención realizada.

8.- VALORACIÓN CATASTRAL

Las dificultades en la estimación del valor catastral, la evolución (involución en ocasiones) de los procesos, la complejidad del procedimiento técnico, la falta de fuentes de información universales y fiables, la heterogeneidad de los bienes, los diferentes sub-mercados que pueden coexistir en un ámbito territorial reducido, la optimización de su uso/explotación y su adecuación a la normativa (urbanística, agraria, ambiental,...) vigente,... y su utilización inmediata para cuantificar las deudas tributarias, convierten a esta característica catastral en la más discutida de todas. Si ya de por sí la valoración inmobiliaria es una disciplina compleja, mucho más lo es la valoración catastral. Y especialmente cuando se trata de bienes rústicos.

El objetivo fundamental de esta valoración administrativa, técnica, normada, tributaria, masiva y automática es asignar un valor probable, mayoritariamente aceptado y calculado de forma objetiva, a partir de la caracterización catastral de los inmuebles mediante el empleo de las variables representativas. Variables que son de carácter físico, jurídico y, obviamente, económico.

La valoración catastral requiere la selección y empleo de un conjunto de características descriptivas del bien; no llega al nivel de detalle que requiere una tasación, pero tampoco se trata de una aproximación generalista sobre el valor de los bienes. Las valoraciones administrativas tributarias suelen articularse sobre procedimientos masivos, como es el caso de la catastral, y se apoya en un conjunto de datos extraídos de los inmuebles y de su entorno, para asignarle el valor concretado en sus propósitos. Aunque también las valoraciones administrativas pueden ser individuales y puntuales, como es el caso que se presenta cuando se quiere estimar la base imponible, por ejemplo, a los efectos de un impuesto de transmisiones patrimoniales (compra-venta). De cualquier forma, la Administración ha de tener siempre presente los principios de seguridad jurídica, transparencia e igualdad, cuantificando el tributo atendiendo a la capacidad económica del sujeto pasivo; así como fomentar la confiabilidad en sus actos.

Puestas de manifiesto las garantías técnicas y administrativas que exige la valoración catastral, reconocida la obligatoriedad de reutilizar la información generada por las AA.PP., consolidado el objetivo de eficiencia perseguido en las actuaciones administrativas, e indiscutible la necesidad de contar con datos fiables en los PAT que permitan lograr los objetivos previstos, no queda duda sobre la respuesta a las siguientes cuestiones:

• ¿por qué no instar a los PAT a que capturen -al menos- las variables explicativas (georreferenciadas) de valor que emplea la institución catastral al aplicar sus normas técnicas?
• ¿es de recibo que proyectos con financiación pública generen datos físicos, jurídicos y económicos no estandarizados y, en consecuencia, no interoperables y integrables automáticamente en un SIGT?
• ¿es oportuno instar a que se aproximen los procedimientos de valoración, a los diferentes efectos, apoyándose en un conjunto básico de variables explicativas, que faciliten la explotación por otras AA.PP., empresas y ciudadanos?

La respuesta es obvia, hay que favorecer las sinergias en materia de captura y accesibilidad a las variables explicativas, intentando aproximar los procedimientos de valoración, aunque los resultados (como también lo son los fines) pueden no ser coincidentes; todo ello enmarcado en un esfuerzo de socialización y reutilización de la información que englobe al Catastro, RP, PAT y resto de AA.PP. involucradas.

Desde un punto de vista práctico hay tres premisas -administrativamente aceptables- destinadas a disminuir las dificultades que conlleva la asignación de un valor catastral al inmueble y reducir el riesgo de fracaso del proyecto en su conjunto:

1. Formación rigurosa de los técnicos catastrales encargados de estimar y asignar el valor o la renta.²
2. Aprobación de una normativa técnica coherente, realista, transparente y confiable, que regule las valoraciones catastrales, y que sea comprensible por el administrado (que muy probablemente también será titular-contribuyente).
3. Desarrollar los mecanismos necesarios para conocer permanentemente el mercado inmobiliario, interpretar su situación actual y, en la medida de lo posible, aventurar su evolución.

Actividades que deben imbricarse en un marco administrativo dinámico, fiable y automatizado, que esté inmerso en un proceso global de calidad, sobre datos catastrales confiables.

9.- SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Gran parte de los trabajos que se analizan en los estudios económico-financieros (EEF) son realizados por el sector privado, dentro de un programa concertado con instituciones nacionales e internacionales; contando con financiación de instituciones internacionales (BID, BM, ...). En cambio, en el ámbito de los informes sectoriales los agentes activos que predominan son las AA.PP., complementada o no por el sector privado, sobre la documentación elaborada, ahora conservada y actualizada por ellas. Por este motivo en los estudios de viabilidad económicos (EVE) puede que no se detecten -en ocasiones- los beneficios directos e inmediatos que justificarían acometer los proyectos por parte del sector privado; pero esto no es óbice para que el Estado los desatienda pues, si no conoce no puede gobernar.

La bicefalia histórica que motiva estos proyectos está plenamente consolidada: tributación y tenencia. Objetivos primigenios que han de complementarse con otras utilidades que debieron preverse en el diseño del modelo acometido. En ocasiones los resultados de estas no serán tan inmediatos y rentables (económicamente) como los primeros; pero sin duda alguna son las que ayudaran a consolidar un desarrollo ético, equilibrado y en continua mejora.

Este escalonamiento de etapas y resultados es claramente estratégico. Garantizar la tenencia y favorecer el justo reparto de la carga tributaria predial son premisas de Estado, con lo que se logran estos objetivos y -paralelamente- se depura a fondo la base de datos catastrales. Sería muy extraño que el titular de un derecho no luchase por que se le reconociese en el proceso de tenencia; al igual que sería poco frecuente que alguien abone una deuda tributaria (sin contraprestación alguna) por un predio sobre el que no tiene ninguna ascendencia. En consecuencia, accesible, conocida y depurada la base de datos minuta, así como plenamente validada y operativa, será viable la generación de más datos, más productos y más servicios con la ayuda de herramientas propias o ajenas, por parte de las mismas Administraciones y por el sector privado. Y es en este momento en donde se localiza el verdadero potencial del Catastro, coordinado con otras instituciones, al convertirse en una herramienta plenamente multiprovechosa. Y es este el resultado que hay que vislumbrar y cuantificar en los ISE para, en su caso, apoyar a los tomadores de decisiones en el diseño de modelos catastrales plenamente provechosos.

En materia de disciplina urbanística, cuya visión se puede trasladar al de la tenencia-tributación, la tasación del producto inicial y del final es una forma efectiva para validar la viabilidad del proyecto. Con su auxilio se puede cuantificar la tasa de rendimiento mínima a partir de la cual será viable económicamente, aunque siempre lo podrá ser socialmente. En concreto, algunos de los elementos que reducen la brecha social e incrementan la brecha valorativa son:

• En el ámbito urbano (peri-ciudad) el proceso de urbanización conllevaría la construcción/adecuación/renovación de las infraestructuras (alcantarillado, agua potable, alumbrado público, acerado,...); la implantación de dotaciones públicas (colegios, hospitales,...); y la consolidación de parcelas (edificadas o por edificar).
• En el ámbito rural el proceso podría centrarse exclusivamente en la delimitación perimetral de las parcelas, pero debería complementarse este esfuerzo con la programación de infraestructuras (accesos, riegos, almacenes,...) y procesos de comercialización de los productos (básicos o elaborados/transformados) que se obtengan.

En cualquiera de los dos supuestos las plusvalías (incremento del valor del suelo), derivadas del proceso de tenencia e implantación de herramientas para el desarrollo socioeconómico sostenible, son evidentes. Creación de valor, que repercutirá en beneficio de los ciudadanos (patrimonio y forma de vida) y en el desarrollo social: tributación más justa, desjudicialización, gestión ordenada del territorio, etc. Es decir, mejora de la gobernanza de la tenencia que, tal y como se ha concebido, descansa sobre un binomio universal: Derechos/Deberes o Beneficios/Cargas; que todas las partes han de asumir y respetar.

La sostenibilidad económica del Catastro es indiscutible, pues solo a través de los beneficios económicos directos generados por las diferentes figuras tributarias, estaría plenamente garantizada. Si a esto se añade el incremento de la seguridad en materia de tráfico inmobiliario, el fomento del crédito y la generación de nuevos productos y servicios a partir de la información existente, el resultado es altamente positivo. En consecuencia, la conservación y actualización de la base de datos catastral no compromete el futuro de la institución; es más, insta a que se invierta en ella para incrementar los ingresos y la confiabilidad.

La pobreza no es solo una cuestión de dinero. La pobreza se materializa en la exclusión social, a través de múltiples facetas que impiden a la población acceder a bienes y servicios necesarios para lograr unos mínimos de prosperidad; concepto global que presenta particularidades dependiendo de cada sociedad/territorio. Por lo tanto, las actuaciones no pueden ser clónicas, sino específicas; no se puede actuar con recetas, sino con desarrollos ad hoc; han de ser dinámicas y concretas, no estáticas y generalistas. Y para lograr la eficiencia hay que conocer el territorio, disponer de geo-información: personas y DDL.

10.- 4.0

La tradición, la herencia, la inercia, ... son realidades administrativas que conviven con la innovación y la obligación de mejora permanente del servicio público. Las AA.PP. instan a que se desarrollen nuevas aplicaciones, diseñen nuevos productos, potencie la investigación, empleen tecnologías robustas, ... pero no hay que olvidar que todo esto ha de hacerse con plena observancia a la Ley y al Derecho. La confianza en las cadenas de bloques no se logra por decreto. Ha de conseguirse con el apoyo decidido de las Administraciones, procesos de socialización y accesibilidad –real- a Internet, y resultados acordes con los preceptos establecidos que, bien aplicados, son plenamente garantistas.

Conocedor el legislador de este escenario, potenciará la captura de la información imprescindible para describir perfectamente el bien en sus componentes físicas, jurídicas y económicas. Otros datos podrán estar accesibles y vinculados, para que puedan ser consultados por todos, incluido el propio Catastro; como por ejemplo: callejero, valores estadísticos de mercado, administrativos, censales, etc.; pero no serán datos catastrales hasta que no cuente -en su caso- con una rigurosa validación por parte de esta Institución.

El responsable catastral ha de hacer valer su Institución. Y un medio inmejorable es beneficiarse de las herramientas que las nuevas tecnologías le ofrecen: la nube, inteligencia artificial, realidad aumentada y virtual, internet de las cosas, BIM, Big Data, blockchain, smart cities, etc. Puede incluso ir más allá. Aprovechando estas tecnologías es posible perfilar un futuro inmediato, configurando el comportamiento previsible de la sociedad/territorio, en alguno de los siguientes ámbitos:

• Mercado inmobiliario. Conociendo las tendencias en materia de adquisición³ (ubicación, usos, superficies, cultivos, calidades, ...) se configura una visión espacial en la que se identifican demandas o pérdidas de interés por determinados bienes (submercados). Esta información será válida en el diseño y confección de los estudios de mercado inmobiliario; así como datos de suma importancia que, debidamente complementados con el perfil del interesado, podrían generar abundantes y lucrativos usos por parte de empresas y, también, por las AA. PP. Por ejemplo, en materia de ordenación territorial: proyectando las ciudades; identificando aprovechamientos demandados; diseñando políticas que minimicen el impacto de una futura burbuja inmobiliaria; delimitando zonas de protección y otras candidatas a desarrollos urbanísticos e industriales; diseño de infraestructuras de viales, sistemas de regadío, previsibles necesidades agrarias; actuación en land grabbing y extranjerización de la tierra; etc.
• Conservación. La captura y procesamiento de información de múltiples fuentes favorece el mantenimiento en origen del Catastro y, en su caso, la comunicación con los Registros de la Propiedad y otras AA.PP. En concreto, y como primera instancia, conocida una alteración es viable elaborar una propuesta de declaración para enviar al interesado. Este, una vez comprobada la documentación y complementada (en su caso) con la solicitada, podría remitirla al Catastro para su revisión, validación y, si procede, comunicación a terceros.
• Los asistentes virtuales (chatbots). Aunque a veces no gratos para los ciudadanos, son alternativas económicas y fiables para la resolución de dudas básicas en relación con las consultas repetitivas que se realizan; por ejemplo, sobre declaraciones catastrales, descarga de información, etc.

Y es la conectividad uno de los factores fundamentales en este discurso. No hay que olvidar que muchos de los que hoy conocen blockchain disponen de un cómodo acceso a la Red, cuentan con asesores cualificados y tienen correctamente registrados sus derechos reales (DDL). Es hacia esa ingente cantidad de titulares de predios pequeños, dispersos, con niveles de formación mínimos, escasos recursos y un alto grado de desconfianza en las AA.PP. y en las herramientas tecnológicas, hacia los que habrá que hacer un mayor esfuerzo de socialización para, en su caso, facilitar con alternativas válidas el reconocimiento de aquellos.

Blockchain es una tecnología articulada sobre una base de datos distribuida (Figura 1), no centralizada, formada por bloques de información digital. Cada uno de estos bloques se enlaza con el bloque inmediato anterior, formando cadenas (públicas o privadas), que son compartidas por todos los participantes que tengan el correspondiente permiso, mediante un sistema hash. La información se almacena de forma dinámica y segura, y una vez publicada no puede ser modificada; solo visualizada y verificada por quien tenga el correspondiente acceso.

Figura 1.- Estructuras de las cadenas de bloques

Algunas prácticas iniciales no fueron fructíferas en el ámbito catastral; otras posteriores se han diseñado aprovechando experiencias anteriores, aunque no acaba de consolidarse en los modelos existentes. A pesar del interés de sus patrocinadores, esta tecnología no podrá, en su formato actual, sustituir la labor de los Catastros, Notarias y Registros de la Propiedad; pero es probable que favorecerá su eficiencia e incrementará su proximidad. Progresivamente se incluirán mejoras para adecuarla a los requerimientos de los múltiples usuarios, revisando legislaciones locales (cuando sea necesario) y facilitando la accesibilidad y transparencia; pero siempre siendo conscientes de que esta tecnología, como otras, no es la “panacea catastral-registral”; es una herramienta versátil, útil y escalable que se integra en el proceso inmobiliario global para mejorarlo.

Las nuevas tecnologías dinamizan el conocimiento y la explotación de la información catastral que describe el universo inmobiliario, articulado sobre la base de los derechos, deberes y obligaciones que se definen en cada momento y lugar. El Catastro ha de conocerlas, explotarlas y saber combinar las distintas herramientas y tecnologías disponibles; auxiliándose de los resultados automáticos obtenidos para la toma de decisiones -humanas-, acordes con la realidad social en la que se está inmerso.

La transformación es integral. No se trata solo de digitalizar información, es un cambio de paradigma que necesita concienciar a los responsables para que asuman y se integren en el Catastro 4.0, ya presente, no futuro.

Cierto es que los puntos de partida de cada modelo catastral-registral son muy dispares, los recursos (económicos y humanos) distintos, los procesos diferentes y la situación político-administrativo disímil; pero los objetivos del Catastro están claros: favorecer el conocimiento del territorio en aras de mejorar la gobernanza.

No hay que olvidar que se gobierna para las personas y las familias, y que el humano no debe sentirse ignorado, ser irrelevante. Los algoritmos no deben gobernar. La sociedad no puede ni debe someterse a la dictadura de los datos. Se trata de una evolución social, no de una revolución impersonal.

11.- COMENTARIOS FINALES

Si los derechos no están formalmente definidos y registrados, no pueden ser defendidos por el Estado. Los ciudadanos no utilizan el potencial del bien, apuntalado sobre la certidumbre en la tenencia, lo que repercute en su desarrollo socioeconómico familiar. Esto reduce la capacidad global del Estado para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través del uso plural y la reutilización de información confiable por parte de las AA.PP., empresas y ciudadanos (Figura 2).

Figura 2.- Esquema del proceso y de los resultados en una correcta delimitación y defensa de los DDL

El Catastro y el Registro de la Propiedad son particularmente dinámicos. Reflejan el territorio y las acciones que experimenta; muchas de las cuales se manifiestan a través de la geolocalización de diferentes derechos, deberes y limitaciones, definidos en base a las prerrogativas que a sus titulares les confiere la sociedad.

La visión estática y poco confiable que transmitían, fruto de sus deficiencias técnicas y jurídicas, costos elevados, desconocimiento de sus otras muchas utilidades, opacidad y usos/abusos tributarios, está siendo desplazada conforme incrementan su credibilidad documental, transparencia, geo-coordinación, accesibilidad y agilidad. Es decir, mejora de los datos (y metadatos) como elementos de información y de aproximación interinstitucional, consolidándose como prolongación de proyectos de administraciones de tierras (Figura 3). Convertidos en generadores de productos, servicios y conocimiento, su ensamble con las DVGT propicia la consecución de los objetivos que ya se contemplan en el Catastro desde hace milenios.

Figura 3.- Ejemplo de cómo aportando datos confiables (crecimiento lineal) se obtienen incrementos gigantes (crecimiento exponencial) de las utilidades.

Apoyándose en su experiencia, reconocimiento social y carácter permanente, ambas instituciones de Estado han de tomar impulso y vivir en el futuro. No pueden concebirse como recopilaciones estáticas de información, han de ser enérgicamente proactivas, buscar sinergias y fomentar una permanente mejora. Son instrumentos de primer orden para reducir la brecha socioeconómica y fomentar la sostenibilidad ambiental; por lo que se les exige estar plenamente integradas en la colectividad. La sociedad no puede ver al Catastro solo como una herramienta impositiva, que periódicamente calcula una deuda tributaria que ha de satisfacer; o un “planito” que permita acceder con mayor facilidad al RP. La sociedad demanda información para emplearla en sus actividades; a la vez que fomenta la autosuficiencia e incentiva la retroalimentación de la fuente para mejorarla y que otros puedan reutilizarla.

Básicamente la realidad territorial se modifica en base a la permanente alteración de los derechos, deberes y limitaciones que se establecen sobre la misma (construcciones, caminos, linderos, instalaciones, servicios, servidumbres, etc.); tanto a nivel de suelo (2D), como espacial (3D), en el subsuelo (explotaciones, construcciones, pozos, conducciones,...) y sobre el mismo (edificaciones, tendidos eléctricos, etc.); así como en el tiempo (4D). Por lo tanto, conociendo y registrando permanentemente las modificaciones de los DDL se contará con una representación actualizada de la realidad inmobiliaria.

La relación de la sociedad con el territorio está cambiando, y cada vez lo hará más. Por lo tanto para que el Catastro no pierda su relevancia como fuente de información ha de adaptarse, pero siempre dentro de los principios que seguridad, robustez del modelo, confiabilidad, transparencia, accesibilidad y eficiencia. Estas revoluciones tecnológicas, pues son inmediatas, bruscas, imparables e imposibles de desandar, pueden gestionarlas y asumirlas las entidades municipales o supramunicipales; pero su concepción, normatividad, coordinación, actualización e interoperabilidad han de concebirse como un proyecto de Estado que garantice su unicidad y universalidad.

Sobre la base de lo expuesto, no queda lugar a dudas de la necesidad de contar con un Catastro y un Registro de la Propiedad eficientes, convencidos de la importancia del territorio (población y DDL) en la potenciación de un desarrollo socioeconómico sostenible. Son herramientas fundamentales para garantizar una correcta gobernanza de la tenencia, en todas y cada una de las facetas que motivan las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia.

[1] Recogido de: http://www.fao.org/in-action/herramienta-administracion-tierras/introduccion/concepto-administracion-tierras/es/
[2] Extrapolable al resto de las actividades catastrales, lo que refuerza la aseveración siguiente: “La capacitación siempre forma parte de la solución”.
[3] Progresivamente el arrendamiento está tomando mucha importancia en la dinámica inmobiliaria; por lo que gran parte de las referencias sobre los procesos de compra-venta pueden trasladarse a aquel mercado.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

• ALCÁZAR, M. (2016). Catastro inmobiliario. Ed. Delta, Madrid, España.
• ALCÁZAR, M. (2012). Manual de valoración Inmobiliaria. Ed. Delta, Madrid.
• ALCAZAR, M. (2018). Catastro, Tenencia y Prosperidad. Ed. Delta, Madrid, España.
• ALCAZAR, M. (2018). Catastro: herramienta de desarrollo. Ed. Delta, Madrid, España.
• ALCAZAR, M. (2018). Máster Internacional en Catastro Multipropósito y Avalúos. Universidad de Jaén, España.
• BERDEGUÉ, J. (2017). Entrevista realizada, disponible en: http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/886184/
• BID (2014). Proyectos de regularización y administración de tierras. Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE), Washington, EE.UU.
• BANCO MUNDIAL (2013). Manual de implementación del “Marco de evaluación de la gobernanza de la tierra” (Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/INTLGA/Resources/Uploading_July_2014_Spanish_LGAF_Manual_May30_2014_v2.pdf
• DEININGER, K. (2005). Políticas territoriales para el crecimiento y la reducción de la pobreza: temas clave y desafíos futuros. Revista Catastro, julio de 2005. Madrid, España.
• DURÁN, I. (2018). Master Internacional en Catastro Multipropósito y Avalúos. Universidad de Jaén, España.
• FAO (2017). Administración de Tierras y gobernanza de la tenencia. (Disponible en: http://www.fao.org/alc/elearning/mod/scorm/view.php?id=6962; curso celebrado en Salvador de Bahía, Brasil).
• FAO, 2016. Directrices voluntarias para políticas agroambientales en América Latina y el Caribe. (DVPA).